Cuadernos: los procesamientos y embargos de Bonadio a empresarios cordobeses

En la causa que se investiga una asociación ilícita en la que se pagaron coimas por contratos en la obra pública el juez Claudio Bonadío procesó a la expresidenta Cristina Fernández, a exfuncionarios y a casi 100 empresarios.

Ayer se conoció la resolución del juez federal Claudio Bonadio en la denominada causa de los cuadernos en la que se investiga el supuesto la asociación ilícita entre exfuncionarios y empresarios para canalizar el pago de coimas en contratos de obra pública.

Se cree que durante los años 2003 y 2015 funcionó una aceitada red que vinculaba a funcionarios kirchneristas y a cerca de un centenar de empresarios y que movilizó millones en coimas para distribuir contratos de obra pública en distintos puntos del país.

Bonadio decidió ampliar el procesamiento a la mayoría de los implicadas a la vez que fijó fuertes embargos para muchos de ellos. Del centenar de empresarios implicados hay cerca de una decena que son cordobeses.

Entre otros, los más conocidos por su trayectoria y fuertes raíces en el empresariado local son Aldo Roggio (Grupo Roggio), Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta y Jorge Neira (Grupo Electroingeniería), Miguel Ángel Romero Cammisa, Juan Carlos De Goycoechea (Isolux) y Mario Buttigliengo (Boetto y Buttigliengo).

Este último empresario fue presidente de la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción y su nombre circuló en los medios en las últimas horas: fue uno de los cinco comensales que se sentaron a compartir un almuerzo con el presidente Macri éste miércoles, en la casa del periodista y accionista de Cadena 3, Mario Pereyra. También se procesó a Edgardo Amadeo Cóppola y Juan José Luciano.

Leiv motiv. “En cuanto al leiv motiv de la  banda, debe recordarse que a los empresarios involucrados en autos se les imputó haber integrado una asociación ilícita que desarrolló   sus actividades aproximadamente  desde principios del año 2003 hasta diciembre del año 2015 y su finalidad fue organizar un sistema  de  recaudación  de  fondos  para  recibir  dinero  ilícito  con  el  fin  de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos,  todo  ello  aprovechando  las  posiciones  de  funcionarios  del  Poder  Ejecutivo Nacional de parte de sus integrantes. El leiv motiv, destacado en el párrafo anterior, parece comprender a los empresarios imputados en autos porque, evidentemente, perseguían el fin de enriquecerse ilegalmente y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”, dice parte de la resolución de Bonadío.

Procesamientos y fuertes embargos:
Sobre varios empresarios cordobeses recayeron procesamientos ampliados y fuertes embargos:

-Aldo Roggio: se amplió su procesamiento en orden al delito de cohecho activo, reiterado en cuarenta y ocho (48) hechos, en calidad de coautor. Se le amplió un embargo fijado en $550 millones.

-Gerardo Ferreyra: se amplió su procesamiento en orden al delito de cohecho activo, reiterado en cuarenta y seis (46) hechos, en calidad de coautor. Se le dictó prisión preventiva y se le amplió un embargo fijado en $2.700 millones.

-Osvaldo Acosta: se amplió su procesamiento en orden al delito de cohecho activo, reiterado en cuarenta y seis (46) hechos, en calidad de coautor. Se amplió el embargo por $2.700 millones.

-Juan Carlos de Goycoechea: se amplió su procesamiento en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y cohecho activo, reiterado en veintinueve (29) hechos, siete (7)  de ellos, en calidad  de autor, y veintidós (22), en calidad de coautor. Se amplió un embargo por $1.600 millones.

-Mario Buttigliengo: se amplió su procesamiento en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y cohecho activo, reiterado en once (11) hechos,  dos  (2) de  ellos, en calidad de autor, y nueve (9), en  calidad  de  coautor. Se trabó embargo ampliado por $ 1.100 millones.

Diezmo y monto en coimas
Al referirse a los montos movilizados en conceptos de coimas, la resolución de Bonadio establece que “como  consecuencia  de  la  investigación  de  las  maniobras  realizadas, debe  destacarse  que  se  ha  podido  establecer  que  los  empresarios  abonaban,  en concepto de coimas, un valor que rondaba el diez por ciento (10 %) del monto total de la obra a realizarse, lo cual arrojaría un monto total aproximado de siete mil quinientos diecinueve  millones  seiscientos  cincuenta  y  cuatro mil  cuatrocientos  treinta  y  un pesos,  con  ochenta  centavos  ($  7.519.654.431,80),  que  habría  sido  percibido  por  los funcionarios públicos, para el caso de las mil siete (1.007) obras viales por las cuales se dictan los procesamientos”.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.