Con cambios en aportes, sube presión fiscal para las pymes de Córdoba

Las modificaciones apuntan a bajar el costo fiscal del trabajo. Pero en pymes y en jurisdicciones del interior se pierden beneficios. Firmas de Capital Federal y grandes empresas, mejor paradas.

(Especial, José Busaniche para Perfil Córdoba). A partir de este mes, el Gobierno nacional instrumentó una nueva serie de cambios en el esquema de contribuciones patronales. El objetivo es introducir modificaciones, en el marco de la reforma tributaria, para reducir la presión fiscal en el sector privado al poner el foco en el costo laboral.

A fines de diciembre de 2017 se aprobó la Ley 27.430 que generó cambios en un universo de impuestos, entre ellos el de los aportes laborales, y se plantearon ajustes graduales para llegar al 2022 con menor carga sobre el trabajo. Las principales modificaciones son tres.

Por un lado, la incorporación de un mínimo no imponible (que se acaba de actualizar de $12.000 a $17.509,20). Por otro, la convergencia entre los tipos de alícuotas marginales existentes (según la facturación y sector algunos tenían una alícuota de 17% y otros de 21%) a una única tasa de 19,5%. Y, finalmente, la eliminación del esquema de beneficios y créditos fiscales a provincias alejadas de Caba y con mayor nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este último es uno de los puntos clave.

En 2001 se definió una serie de beneficios para jurisdicciones del interior y con niveles de pobreza más fuertes, para que tengan menor nivel efectivo de alícuotas y más posibilidades de crear empleos formales en el sector privado. Uno de esos beneficios, por ejemplo, es computar el pago de las contribuciones a cuenta de IVA en mayor proporción que otros distritos más desarrollados económicamente.

Así, las recientes reformas ayudan, en algún sentido, a bajar el costo sobre el empleo formal, pero quitan beneficios a empresas en provincias del interior y equiparan a las pymes con las grandes empresas. Más presión a pymes.

Al respecto, un trabajo del Monitor Fiscal del Ieral de la Fundación Mediterránea analizó la evolución de los cambios. En ese sentido, se marca que “al considerar el efecto conjunto de los cambios implementados, la reciente reforma tributaria implicará importantes y heterogéneos cambios de carga tributaria laboral hacia 2022.

Las empresas situadas en provincias que eran más beneficiadas por el régimen del Decreto 814/01 enfrentarán un sustancial incremento en la carga tributaria laboral. Además, tendrán un aumento de carga impositiva las empresas de menor envergadura (PyMEs)”. Así, hay un fuerte efecto colateral de la medida para las empresas del interior.

Según los analistas del Ieral las empresas localizadas en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires son las más beneficiadas por la reforma. Asimismo, el beneficio será mayor entre las empresas grandes del sector servicios, mientras que las PyMEs se verán perjudicadas o menos beneficiadas (con diferencias según su localización).

Para tomar un ejemplo de cómo cambia la alícuota según el tipo de empresa y dónde esté ubicada, se debe contemplar que una gran empresa de servicios de Capital Federal tuvo una reducción en 2018, respecto de 2017, de 1,31 puntos porcentuales en contribuciones patronales. Y hacia 2022 la reducción alcanza a 6,27 puntos. En cambio, una pyme industrial de Chubut pagará, en 2022, 5,9 puntos porcentuales más.

En Córdoba. En nuestra provincia, las firmas más complicadas son las pymes industriales. Una pyme industrial pagó en 2018, 0,28 puntos menos que el año anterior pero pagará 1,53 puntos más en 2022. En cambio, aquí solo pagarán menos las grandes empresas de servicios (-2,73 puntos porcentuales).

“La reforma está bien encaminada en términos de que plantea bajar los costos laborales de los aportes patronales, algo que no significa bajar el salario y da competitividad al costo laboral. Pero dado que la reforma implica desactivar una reforma previa que era la de los aportes patronales diferenciados por regiones y, además, elimina la diferencia que había de alícuotas entre servicios e industria y entre facturación de empresas, el efecto neto genera consecuencias negativas”, explican desde el Ieral.

En concreto, hacia 2022 –el año en que finalizará la convergencia de alícuotas y las reformas comenzadas– el resultado neto para las pymes será el de una mayor presión fiscal a la del punto de partida. Algo que muchos ven como un nuevo “tiro en el pie” que se pega el Gobierno.

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