Cómo es el proyecto de ley para controlar apps y webs profesionales

Se prevé la creación de un registro nacional donde se inscriban en forma obligatoria las aplicaciones y sitios previa validación por colegios profesionales.

A partir del crecimiento de Internet en todos los ámbitos, en la actualidad existe una gran cantidad de ofertas en las redes sobre aplicaciones de asesoramientos, asistencia o consultoría profesional.

Esto genera la necesidad de resguardar y mantener los derechos de los usuarios y consumidores. Es por eso que presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para controlar las apps y webs profesionales.

Esta iniciativa prevé la creación de un registro nacional en el que se deberán inscribir las aplicaciones y sitios -obligatoriamente- previa validación por los colegios profesionales en cuestiones como habilitación del profesional, alcance y obligaciones asumidas en el teleservicio ofrecido.

Lo ingresó a la Cámara el diputado nacional Juan Brügge (Córdoba Federal), quien preside la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara Baja.

El régimen legal que propone Brügge, según informa Comercio y Justicia, implica la creación del “Registro nacional de apps y sitios web utilizados para el ejercicio profesional en el país”, en el ámbito del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Con el fin de lograr la veracidad y la seguridad en la titularidad y uso de las aplicaciones y sitios, “las entidades deontológicas serán validantes de esas aplicaciones en lo que hace a determinar si el profesional está o no habilitado, el alcance del asesoramiento y las obligaciones asumidas en el teleservicio profesional ofrecido. Con lo cual los colegios profesionales que se aglutinan generalmente en federaciones nacionales, por ejemplo los abogados a través de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), estará en condiciones de poder determinar con precisión si el que está ofreciendo el servicio es o no un profesional”, dice el texto.

De prosperar la normativa, se prevé declarar la ley de “orden público y obligatoria en todo el territorio nacional, en protección de los datos personales en concordancia con la Ley 25.326, y de los derechos de usuarios y consumidores de servicios ofrecido por profesionales a través de plataformas digitales con la utilización de apps”.

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